El constitucionalismo social mexicano

La Ley de Contratos del Sector Público de 30 de octubre de 2007 es una de esas Leyes llamadas a tener estabilidad y ser de marcado carácter codificador. Pese a que entró en vigor en mayo de 2008, en poco más de dos años dicha norma se ha reformado en profundidad por distintas y variadas normas con rango de Ley que han alterado en profundidad sus fundamentos con cambios en lo relativo a la modificación de los contratos, el sistema de pagos, la perfección o el control por órganos administrativos independientes mediante un recurso precontractual y un nuevo recurso contractual (cuestión...

Este libro es el resultado de una investigación realizada para dar contexto al proceso de validación y adaptación en nuestro país, Colombia, de la Intervención Relacional Basada en el Apego (irba). Se busca que el sistema de atención a la infancia en Colombia disponga de una intervención basada en la evidencia para la prevención y atención del maltrato. Esta intervención ha mostrado impactos positivos y de largo plazo no solo en la prevención de maltrato y negligencia sino en el ingreso al sistema de protección, esto porque pone su foco en la relación de apego que se establece...

El Consejo de Estado y la doctrina consideran de forma casi unánime que existen sanciones administrativas en desarrollo de los contratos estatales. La tesis que se expone en este libro es que la multa, la cláusula penal, la caducidad o las inhabilidades por incumplimiento no son sanciones. Esta conclusión se obtiene luego de analizar dos aspectos. Primero, el concepto de sanción administrativa desde una perspectiva comparada - teórica y jurisprudencial. Y segundo, las consecuencias y finalidades de cada una de las medidas contractuales mencionadas.

El derecho es un sistema normativo que regula el funcionamiento de la sociedad, de las relaciones con las instituciones y de convivencia de los ciudadanos entre sí. Por ello, la lengua empleada en el ámbito jurídico-administrativo ha de ser asequible a los ciudadanos, tanto en los procedimientos de producción como en los de interpretación de cualquier género. Y esto es una inquietud y una demanda no solo de los ciudadanos, sino también de las administraciones públicas y, especialmente, de los juristas, incluyendo a jueces, magistrados, fiscales, abogados del Estado y Consejo General...