El constitucionalismo social mexicano

Las nociones de servicios de interés general (SIG) y servicios de interés económico general (SIEG) se han forjado en el ámbito de la Unión Europea para referirse a una serie de actividades esenciales para los ciudadanos que son fundamentales para promover la cohesión social y territorial. Mientras que a los SIEG se aplican las normas sobre el mercado interior y la competencia, en la medida que no sean incompatibles COD la misión de interés general encomendada, los servicios de interés general no económicos (SIGNE) no están sujetos a las mismas, si bien pueden estar sometidos a...

LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO TITULO PRIMERO DISPOSICIONES GENERALES ARTICULO 1o.- La presente ley, fundada en el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias, así como en la libertad de creencias religiosas, es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de asociaciones, agrupaciones religiosas, iglesias y culto público. Sus normas son de orden público y de observancia general en el territorio nacional. Las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes...

Gran parte de las relaciones sociales son consecuencia de actos económicos, como producir, intercambiar, distribuir y consumir bienes y servicios, los que necesariamente deben enmarcarse en un determinado orden jurídico. Producto del desarrollo y la complejidad de las sociedades modernas, el estudio y correcta aplicación de los principios de derecho económico -rama que trata el conjunto de normas y disposiciones jurídicas que regulan el ejercicio de la actividad económica entre el Estado y los particulares- es cada día más relevante al orientarse finalmente al bienestar social. Manual ...

Las garantías son recurrentes en el tráfico empresarial, siendo una exigencia habitual en las transacciones financieras en la búsqueda permanente de la seguridad jurídica. No pueden obviarse ya las singularidades mercantiles que las distinguen en la práctica empresarial. En ocasiones encontramos incluso una respuesta legislativa a estas singulares especialidades. Los autores son abogados, profesores de Universidad, notarios y registradores.