Tecnologías en el siglo XXI. Reflexiones desde una perspectiva de género.

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTE) tiene un ámbito subjetivo de aplicación muy amplio, que incorpora no solo a la Administración pública y a otros sujetos públicos, sino también a diversas entidades de naturaleza privada que tienen una especial conexión con la Administración. El presente trabajo estudia el derecho de acceso a la información que los ciudadanos pueden ejercer frente a las entidades privadas del sector público, las corporaciones de derecho público o los sujetos puramente privados que prestan...

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.Con la actualización de cifras establecida por Orden HFP/1298/2017, de 26 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2018.

La amenaza del terrorismo, probablemente, es uno de los grandes problemas que afronta el siglo XXI, y no está supeditado a un territorio específico sino, por el contrario es un mal que se extiende por varios continentes. Esta obra, resultado de un trabajo interdisciplinario de la Red interuniversitaria para el estudio de las transformaciones constitucionales del Estado, presenta diversas investigaciones acerca de cómo este fenómeno ha impactado esferas sociales, jurídicas y políticas y de qué manera generan limitaciones a libertades y a muchas conquistas históricas de los seres...

La autora de este libro realiza un estudio teórico y práctico de la prueba pericial en el proceso administrativo poniendo de relieve la incidencia que sobre la misma tiene la aplicación de la norma Procesal Civil, ofreciendo posibles soluciones para conseguir la correcta armonización entre ambos órdenes jurisdiccionales. Obra de uso imprescindible para cualquier jurista interesado en el proceso contencioso-administrativo y en los numerosos problemas prácticos que plantea la novedosa regulación de la prueba pericial prevista en la LEC, cuando se aplica la misma la proceso administrativo.