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Este libro plantea una tesis novedosa en el mundo jurídico colombiano, la cual refiere que es posible ampliar la extensa y compleja doctrina científica y jurisprudencial sobre responsabilidad patrimonial del legislador a la actuación del poder constituyente. De esto se desprende que también sería posible, en términos jurídicos, responsabilizar al Estado colombiano por las actuaciones del poder constituyente. Si la Constitución Política de 1991 es finalmente reformada por el Poder Constituyente derivado o incluso al sustituirse o derogarse por el Poder Constituyente Originario, ¿será posible interponer acciones de reparación directa ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para exigir indemnizaciones por los posibles daños y perjuicios considerados “antijurídicos”? El autor basa su tesis en el concepto de responsabilidad patrimonial del Estado, uno de los elementos esenciales del ordenamiento jurídico público, y demuestra que existen fundamentos en el Estado Constitucional, Social y Democrático de Derecho, para establecer la responsabilidad patrimonial del Estado por los actos originados en la sustitución total o parcial de la Constitución por la Asamblea Constituyente o por las reformas a la Carta Política a cargo de los Órganos autorizados para efectuarlas.