La partición de la herencia

La autora de este libro realiza un estudio teórico y práctico de la prueba pericial en el proceso administrativo poniendo de relieve la incidencia que sobre la misma tiene la aplicación de la norma Procesal Civil, ofreciendo posibles soluciones para conseguir la correcta armonización entre ambos órdenes jurisdiccionales. Obra de uso imprescindible para cualquier jurista interesado en el proceso contencioso-administrativo y en los numerosos problemas prácticos que plantea la novedosa regulación de la prueba pericial prevista en la LEC, cuando se aplica la misma la proceso administrativo.

Por extrañas o por extravagantes, inclasificables, controvertidas, contradictorias o incluso risibles, que puedan parecernos la formas de garantía jurídica que se estudian en esta obra, su puesta en circulación no ha sido el producto de ningún laboratorio de audaces ideas jurídicas atrevidas pues, muy al contrario, tienen su origen en alguna disposición legislativa ad hoc, o lo tienen en el uso mercantil y la práctica contractual, de la que forman parte, y en la que operan, aportando cierto grado de confianza, o de certeza, a los acreedores que las introducen en los contratos.

Las páginas que componen este libro no son ni unas memorias ni unos diarios ni unos escritos personales (vivenciales) sobre los años que tuve la responsabilidad de dirigir la atención a las víctimas del terrorismo en España. Por supuesto, este libro recoge experiencias y datos de ese tiempo apasionante y difícil entre diciembre de 2004 y diciembre de 2011 cuando cesé en el cargo tras la victoria del Partido Popular en las elecciones generales del 20-N. Sin embargo, es un trabajo fundamentalmente teórico, académico y de investigación sobre el fenómeno terrorista y sus efectos sobre...

El arbitraje estatutario es un instrumento útil por diversas razones. Por un lado, desde la perspectiva de los sujetos implicados en el litigio −socios y sociedad−, el arbitraje puede ofrecer celeridad, especialización, confidencialidad y flexibilidad en la resolución de litigios. Por otro lado, desde la perspectiva del Estado y, por tanto, del interés general, su uso permite reducir la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales y trasladar a las compañías los costes de la resolución de este tipo de conflictos. Quizás por estos motivos, el legislador de 2011 optó por...