La Constitución Española y los derechos humanos durante 38 años en este país, a muchos ciudadanos de a pie, y (sobre todo) a los presos comunes nos han sido y siguen siendo vulnerados por los poderes públicos, como excepción, pero a niveles...

Esta investigación analiza el intercambio de conocimiento entre comunidades e investigadores de la biodiversidad. El objetivo es determinar si existe una desarticulación entre el trabajo investigativo y el conocimiento tradicional; en otras palabras, si se desconoce el aporte de las comunidades al traducir este conocimiento al lenguaje científico. Este problema histórico está representado mediante tres formas de desarticulación: la fuerza del conquistador, la idea del patrimonio común de la humanidad, y los Estados soberanos, que legitiman la apropiación del conocimiento a través de...

La magnitud de la cuantía de los ingresos públicos que se estima que dejan de recibir los Estados como consecuencia del comportamiento tributario elusivo/abusivo o la planificación tributaria agresiva viene marcando la agenda internacional en los últimos años. Esta situación ha provocado el replanteamiento de los modelos tributarios, tratando de acotar en un contexto transnacional dichos abusos. A pesar del impulso legislativo, la elusión tributaria (y sus lindes) es una de las figuras que mayor inseguridad jurídica genera a los contribuyentes que, actuando aparentemente de acuerdo...

La expresión “objeción de conciencia institucional” resulta problemática por ser la conciencia un atributo de la persona individual, no de las instituciones. El asunto no es si la institución tiene o no conciencia, sino cuáles son sus derechos en relación con las libertades de pensamiento, de conciencia y de religión. Para el autor, la extensión a las personas jurídicas del reconocimiento de derechos que, en principio, pertenecen a la persona, como el derecho al buen nombre y a la libertad religiosa, entre otros, es un ejercicio típico de extensión analógica, usado sin...

Las distintas reformas en el ordenamiento procesal, y, en particular, la ley 1564 de 2012 demarcan una nueva exigencia del modelo de juzgador que la realidad ofrece en la actualidad; sin duda es un problema empírico que debe ser abordado con el fin de las instituciones creadas con la operatividad esperada. El funcionamiento de la oralidad impone la necesidad de condiciones de efectivización para que la tutela jurídica efectiva logre sus cometidos a través de la institución procesal, tema que por demás resulta actual, de importancia manifiesta y de interés conceptual y pragmático. Esta ...