La Constitución Española y los derechos humanos durante 38 años en este país, a muchos ciudadanos de a pie, y (sobre todo) a los presos comunes nos han sido y siguen siendo vulnerados por los poderes públicos, como excepción, pero a niveles...

El ciudadano y el poder público (el principio y el derecho al buen gobierno y a la buena administración) es un ensayo que trata un tema de palpitante y rabiosa actualidad, sobre todo en un momento de crisis general. El ciudadano, en efecto, ya no es un sujeto inerme, mero recipiendario de bienes y servicios públicos o de interés general. Ahora, en el marco del Estado social y democrático de Derecho, el pueblo, individual y conjuntamente considerado, es el verdadero dueño y señor, el soberano, de los poderes públicos. Por eso la Administración pública debe actuar con diligencia...

La presente obra tiene por objeto el estudio de las ultimas manifestaciones de la politica comunitaria de proteccion de los intereses economicos de los consumidores, tomando como punto de referencia el Libro Verde publicado por la Comision de la Union Europea en julio de 1999. Se presta especial atencion a la incidencia de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil en el regimen de danos por productos y a la discutida reglamentacion de los riesgos de desarrollo en el campo de la responsabilidad patrimonial de la Administracion.

El derecho es un sistema normativo que regula el funcionamiento de la sociedad, de las relaciones con las instituciones y de convivencia de los ciudadanos entre sí. Por ello, la lengua empleada en el ámbito jurídico-administrativo ha de ser asequible a los ciudadanos, tanto en los procedimientos de producción como en los de interpretación de cualquier género. Y esto es una inquietud y una demanda no solo de los ciudadanos, sino también de las administraciones públicas y, especialmente, de los juristas, incluyendo a jueces, magistrados, fiscales, abogados del Estado y Consejo General...

El único elemento que permite definir e individualizar el Estado Federal, o, si se prefiere, políticamente descentralizado, es el de la protección constitucional de la autonomía, que se articula, básicamente, a través de una Constitución rígida y la existencia de algún mecanismo de control de constitucionalidad. En nuestro Derecho, este instituto reviste especiales y notables singularidades. En efecto, la constitucionalización del principio dispositivo ha determinado que el definitivo reparto, territorial y funcional, del poder político se haya verificado no en la Constitución...