Inexistencia de sanciones administrativas en los contratos públicos

¿En que quedamos Supremo? La balanza de la justicia se inclina a favor o en contra, según se lo arrogue la ley y el derecho. La gente acude a los tribunales estatales y federales a resolver sus querellas y anhelan obtener justicia como una legitima aspiración consagrada en la Constitución y en la Carta de Derechos Civiles. Las sentencias que se dictan en los tribunales fundamentales, sea un fallo a favor o en contra, sera probidad para conformar una ulterior jurisprudencia. Así se ha construido el camino de la equidad y la justicia por siglos. En muchas ocasiones la balanza de la...

Insumos para el desarrollo del Plan Nacional de Ordenamiento Minero reúne la primera fase de una consultoría encomendada por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) al Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo (Cider) de la Universidad de los Andes para apoyar la redacción del Plan Nacional de Ordenamiento Minero. El trabajo resalta el papel de la minería en el desarrollo, enmarca el papel y alcance de un Plan Nacional de Ordenamiento Minero dentro de un conjunto de tareas del Estado colombiano, recoge los principales hallazgos de los demás trabajos, sugiere una...

El art.31 de la Constitución española de 1978 establece el denominado “deber tributario”, que es tutelado penalmente a través del delito contra la Hacienda Pública, regulado en el art.305 de nuestro Código Penal. La obra analiza la regularización, abordando la misma desde un punto de vista eminentemente empírico, asociado a la actividad profesional de su autor. Se parte del derecho positivo, sin que el trabajo cuestione la propia existencia de la regularización, muy debatida entre nuestra doctrina, aunque sí trate de indagar sobre las razones que pueden justificar que se...

El arbitraje estatutario es un instrumento útil por diversas razones. Por un lado, desde la perspectiva de los sujetos implicados en el litigio −socios y sociedad−, el arbitraje puede ofrecer celeridad, especialización, confidencialidad y flexibilidad en la resolución de litigios. Por otro lado, desde la perspectiva del Estado y, por tanto, del interés general, su uso permite reducir la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales y trasladar a las compañías los costes de la resolución de este tipo de conflictos. Quizás por estos motivos, el legislador de 2011 optó por...