El Derecho del Trabajo a mis 80 años

El Consejo de Estado y la doctrina consideran de forma casi unánime que existen sanciones administrativas en desarrollo de los contratos estatales. La tesis que se expone en este libro es que la multa, la cláusula penal, la caducidad o las inhabilidades por incumplimiento no son sanciones. Esta conclusión se obtiene luego de analizar dos aspectos. Primero, el concepto de sanción administrativa desde una perspectiva comparada - teórica y jurisprudencial. Y segundo, las consecuencias y finalidades de cada una de las medidas contractuales mencionadas.

La Asamblea General de la O.N.U. adoptó el 13 de Diciembre de 2006: "La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad". Instrumento jurídico vinculante y exigible para los Estados ratificantes (España ha sido de los primeros en adherirse), asumiendo así el compromiso de adaptar su ordenamiento interno a esta normativa internacional. La presente obra tiene el objetivo de servir de vehículo de difusión de la repercusión operada en nuestro Ordenamiento Jurídico Nacional. Para ello su Autor, con un lenguaje claro y de forma sistemática, va abordando las...

Este libro pretende analizar toda la estructura de la prestación de jubilación desde el punto de vista de la edad, desde la evolución de la longevidad y desde las necesidades de sostenibilidad financiera del sistema, partiendo del análisis de las últimas reformas, incluida la introducida por el Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones. Se parte del examen de la discriminación por razón...

Este libro está compuesto por una serie de trabajos que, de manera conjunta, proponen la necesidad de construir una Teoría de la Prueba judicial a partir de dos condiciones. En primer lugar, esta debe estar constituida desde los hechos y los problemas planteados por éstos, y no desde las normas, esto es, que no se limite a ver los problemas de prueba como problemas de interpretación de las normas jurídicas que regulen la actividad probatoria.