Cárcel, derecho y política

La interrupción voluntaria del embarazo -el aborto- es, sin duda, una de las conductas humanas más controvertidas, cualquiera que sea la perspectiva con la que se contemple. Y, desde luego, la perspectiva más apasionadamente debatida es la de su penalización como delito. El autor examina, en esta obra, este último horizonte y se inclina, decididamente, por defender la tesis de su despenalización. Para ello, analiza tres grandes cuestiones: el porqué, el cómo y el cuándo de la despenalización. Al porqué dedica el tratamiento más extenso, siguiendo dos caminos metodológicos: la...

Introducción. I. ¿A quién le corresponde delimitar el objeto de la jurisdicción de lo contencioso administrativo en un Estado en que las normas concebidas para ello no son nada claras? II. La ficción de una jurisdicción de lo contencioso administrativo concebida para decidir en derecho administrativo, y la de limitación de su objeto a partir del reconocimiento de decisiones con fundamento en el derecho civil y comercial. III. Consideraciones finales. Biografía. En el pasado he manifestado, insistentemente, mi preocupación por la necesidad de delimitar el objeto de la jurisdicción de ...

El término nacionalidad se utiliza para designar la relación o vinculación entre determinados entes y bienes con un Estado, como se ha apuntado antes, por ello se habla de la nacionalidad de las sociedades, fundaciones, asociaciones y de nacionalidad de los buques y aeronaves, e incluso de nacionalidad de las obras artísticas. Ello indica que estos objetos o bienes están sujetos al Derecho de un país determinado, pero no de que formen parte de la población del Estado. Las normas que regulan la atribución de la condición de nacional en el derecho español, así como la pérdida y...

Toda víctima tiene derecho a la protección, información, apoyo, asistencia y atención, así como a la participación activa en el proceso penal y a recibir un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio desde su primer contacto con las autoridades o funcionarios, durante la actuación de los servicios de asistencia y apoyo a las víctimas y de justicia restaurativa, a lo largo de todo el proceso penal y por un período de tiempo adecuado después de su conclusión, con independencia de que se conozca o no la identidad del infractor y del resultado del proceso.