Criminología I (University Edition)

Presentamos una nueva edición del Manual de Derecho Constitucional, que incorpora renovación de actividades y actualización de contenidos. Adaptado a las exigencias didácticas de los estudios de Grado en Derecho, contiene un amplio número de ejercicios, preguntas y actividades que sirven para satisfacer las actuales demandas didácticas y de evaluación. Con ello este Manual, que ya cumple su séptima edición, aspira a seguir siendo manual de referencia a la hora del estudio de la materia de Derecho Constitucional. Ofrece, a su vez, un completo estudio de las diversas partes que...

Sin perjuicio de los recientes procesos de liberalización y privatización, lo cierto es que las Administraciones Públicas mantienen una fuerte presencia en la regulación de la actividad económica. Esta intervención puede llevarse a cabo mediante normas, actos limitativos del libre ejercicio de la actividad económica o actos que contienen medidas de fomento.Este libro le ofrece una visión completa y sistematizada de la doctrina jurisprudencial -del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo- que se ha ocupado de los diversos sectores de la intervención pública en la economía y de ...

Se trata de un esfuerzo colectivo de investigadores, jueces constitucionales e interamericanos y otros operadores jurídicos, dirigido a identificar los fundamentos del derecho constitucional común latinoamericano, así como a fomentar debates académicos y diálogos interjurisdiccionales que favorezcan su consolidación. El libro que hoy ponemos en manos de las y los lectores intenta, precisamente, entre otros propósitos, sentar las bases para la comparación del papel institucional de la jurisdicción constitucional en distintos ordenamientos jurídicos de la región. Pero las diferencias ...

Las teorías de la pena se ocupan del cuestionamiento acerca de si la pena criminal puede ser justificada. Castigar estatalmente significa una carga considerable tanto para el autor que es sancionado como para la generalidad, los cuales deben asumir los costos. Su justificación requiere de una fundamentación cuidadosa que considere del mismo modo los intereses de las víctimas y de la generalidad, y que tenga en cuenta la necesidad de legitimación frente a los castigados.