Tratado de las Obligaciones II

La presente obra aborda la primera de las partes en las que se divide la disciplina del Derecho Civil español, aglutinado en este bloque la práctica totalidad de las materias que tradicionalmente se venían incluyendo en la antigua Parte general. Contiene la obra una aproximación a los conceptos básicos del Derecho privado que configuran los perfiles introductorios del Derecho Civil. A continuación se trata el Derecho de la persona, estudiándose los rasgos jurídicos generales de la persona física y la jurídica, ésta sin ánimo de lucro, añadiéndose a la primera, el análisis del...

La situación actual de los recursos hídricos a nivel mundial es de una acusada disminución de su disponibilidad per cápita motivada por el crecimiento demográfico; la sobreexplotación agrícola y ganadera, necesaria para alimentar dicha población; la expansión de la actividad industrial, con un consumo cada vez mayor de recursos hídricos; el calentamiento global, con una significativa disminución de la superficie de los glaciares y masas de hielo; y los efectos negativos atribuidos al cambio climático, traducidos en una mayor variabilidad espacial y temporal de los fenómenos...

La presente obra, reedición actualizada y aumentada de la que publicara el Centro de Estudios Constitucionales en 1992, recoge alfabéticamente ordenadas las Constituciones vigentes de los diferentes países iberoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Cada una de ellas va precedida de una breve introducción de carácter informativo, así como de una somera indicación de enlaces de Internet en ...

El arbitraje estatutario es un instrumento útil por diversas razones. Por un lado, desde la perspectiva de los sujetos implicados en el litigio −socios y sociedad−, el arbitraje puede ofrecer celeridad, especialización, confidencialidad y flexibilidad en la resolución de litigios. Por otro lado, desde la perspectiva del Estado y, por tanto, del interés general, su uso permite reducir la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales y trasladar a las compañías los costes de la resolución de este tipo de conflictos. Quizás por estos motivos, el legislador de 2011 optó por...