Regularización y delito contra la Hacienda Pública: Cuestiones prácticas.

La Ley de Separación de 9 de diciembre de 1905 redefinió el modelo de relaciones Iglesia-Estado en Francia, e impulsó de manera definitiva la consolidación del principio de laicidad, que posteriormente estará llamado a ejercer una enorme influencia en el resto de Europa. Superadas las eventuales tentaciones laicistas que se encuentran especialmente presentes en un primer momento histórico, (crisis de los inventarios y rechazo a las asociaciones cultuales), la nueva Ley dejará una huella indeleble, que llega hasta nuestros días, al convertirse la laicidad en una idea que ha calado con...

Luis Vacas trata en el presente libro del control de las cuentas públicas, partiendo de la incidencia de la ética pública en la gestión económico-financiera del sector público, con especial referencia a la responsabilidad contable de los gestores públicos y de los perceptores de subvenciones públicas. Particular significación tiene la selección de jurisprudencia que se ha realizado sobre la responsabilidad derivada de la gestión de las cuentas públicas, tanto del Tribunal Constitucional, como de las Salas de lo Penal, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Militar del Tribunal...

Se han propuesto un sinnúmero de estándares dirigidos a delimitar el alcance del concepto del laudo, lo que ha dado lugar a un conjunto de posiciones contrapuestas, que parecen no llegar a un punto de encuentro. Sin embargo, este trabajo no pretende hallar verdades ni sumar nuevas teorías a las existentes. Por el contrario, busca explicar de la manera más sistemática posible los estándares en conflicto, brindando al lector una herramienta útil para entenderlos y hacer un uso adecuado de ellos. El punto de partida es la identificación de los dos núcleos de las discusiones que rodean...

Tiene declarado la Sala Segunda del Tribunal Supremo que el derecho a la prueba se configura como un derecho fundamental y es inseparable del mismo derecho de defensa, pero no es ilimitado como ningún otro lo es. No existe un derecho incondicional a la prueba, y son los órganos judiciales los que están autorizados para ponderar la pertinencia y necesidad de cada una de ellas. En la misma línea tiene declarado el Tribunal Constitucional que la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa, integra el contenido de un derecho fundamental contenido en el art. 24.2 de la...