El derecho internacional de inversión extranjera y la industria extractiva. Estándares internacionales en el sector extractivo

Este Anuario publica artículos doctrinales de los más destacados Penalistas españoles y extranjeros, comentarios de Legislación y Jurisprudencia y notas bibliográficas sobre libros y revistas de esta especialidad. Editado por: Ministerio de Justicia (Centro de Publicaciones) y Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Periodicidad: Anual. Primer fascículo aparecido: Enero-abril 1948. Publica contribuciones científicas originales y de referencia, tanto de españoles como de extranjeros, principalmente relacionadas con el derecho penal, la criminología, el derecho penitenciario, el...

El art.31 de la Constitución española de 1978 establece el denominado “deber tributario”, que es tutelado penalmente a través del delito contra la Hacienda Pública, regulado en el art.305 de nuestro Código Penal. La obra analiza la regularización, abordando la misma desde un punto de vista eminentemente empírico, asociado a la actividad profesional de su autor. Se parte del derecho positivo, sin que el trabajo cuestione la propia existencia de la regularización, muy debatida entre nuestra doctrina, aunque sí trate de indagar sobre las razones que pueden justificar que se...

Este Manual Básico de Derecho Urbanístico pretende ofrecer al lector una exposición sencilla de un ordenamiento complejo. Complejo por su estructura, función, y por la interdisciplinariedad que lo preside. En el Derecho Urbanístico conviven, aunque no siempre de manera pacífica, el Derecho Público y el Derecho Privado, la Arquitectura, la Sociología, la Gestión Empresarial y el Medio Ambiente. El objetivo común de estas disciplinas en relación con el urbanismo es la ordenación de la ciudad como ámbito de convivencia y como presupuesto básico del Derecho a la vivienda, recogido...

En los últimos años ha habido una atención creciente de la doctrina por la actuación de los grupos de interés, a la vez que se hacía un llamamiento constante a la regulación de su actividad de influencia en la toma de decisiones por los poderes públicos. Algunas Comunidades Autónomas ya han dado el paso aprobando leyes específicas para reglamentar y hacer más transparente las actividades de influencia, a priori legítimas en un sistema democrático, exigiendo registros de los grupos de interés, códigos de conducta u otras herramientas como la publicación de las agendas de los...