El arbitraje estatutario

Tiene declarado la Sala Segunda del Tribunal Supremo que el derecho a la prueba se configura como un derecho fundamental y es inseparable del mismo derecho de defensa, pero no es ilimitado como ningún otro lo es. No existe un derecho incondicional a la prueba, y son los órganos judiciales los que están autorizados para ponderar la pertinencia y necesidad de cada una de ellas. En la misma línea tiene declarado el Tribunal Constitucional que la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa, integra el contenido de un derecho fundamental contenido en el art. 24.2 de la...

El presente libro es el resultado de un esfuerzo iniciado hace cuatro años por la Corporación Complexus, con el fin de reunir en una misma obra todas aquellas voces expertas en las temáticas tratadas. Voces que, sin distingo de disciplinas, ni proveniencia respecto de los poderes públicos ni de sectores de actividad de nuestro tejido social, pudieran contribuir a construir una estrategia para diseminar e inseminar con "urgencia", como diría Fernando Savater, la ética. Ello posibilitaría la emergencia de una nueva era de solidaridad y responsabilidad colectiva.

En el mantenimiento del patrimonio social y su destino al desarrollo del objeto social fijado en los estatutos de la sociedad, confluyen el interés de los terceros y el interés de los socios. Este interés común se ve amenazado por cualquier práctica que suponga la distracción de elementos patrimoniales de la sociedad para atender a las necesidades particulares de sus socios o de sus administradores, como puede ocurrir con la concesión de préstamos, créditos o, en general, de asistencia financiera en favor de éstos. Pero, al mismo tiempo, se trata de una práctica generalizada –y...

La Ley 5/2019, de 15 de marzo, Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario (popular e incorrectamente conocida como ley hipotecaria), es una norma cuya pretendida finalidad era la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva 2014/17/UE. No obstante, su ámbito de aplicación, sus propósitos, su naturaleza, los sujetos a los que se refiere e incluso los problemas que viene a resolver no son exactamente los mismos que los de la Directiva. Eso sin contar con el hecho de que - dadas las circunstancias a las que la propia Directiva se refiere - habría sido deseable...