Paz en el territorio

La aparición del contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado o CPP en el ordenamiento jurídico español en el año 2007 ha supuesto una revolución silenciosa en la forma de hacer de las Administraciones Públicas. Sin embargo, el inmenso potencial de este nuevo contrato no se ha visto desplegado en su totalidad por diferentes motivos que, en la mayoría de los casos, se escapan de una argumentación racional en toda regla. Descubriremos, pues, qué se esconde detrás de una figura jurídica tan desconocida como interesante y daremos algunas razones para situar al ...

Esta publicación es de carácter trimestral. En cuanto a su Consejo de Redacción y Consejo Asesor, su director es Antonio Manuel Morales Moreno, y la secretaría la ejerce Nieves Fenoy Picón. El Anuario contiene estudios monográficos que realizan el estudio de temas y materias de derecho privado suscitados en muchos casos por la actualidad social y legislativa de nuestro país, a lo que se suman reseñas de los seminarios más destacables celebrados en el período correspondiente en el territorio nacional, y recensiones de la bibliografía más sobresaliente disponible en el mercado...

Esta obra analiza los retos de la gobernanza del agua y la reutilización y gestión sostenible de los recursos hídricos y del ciclo integral del agua, en el marco de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. Se estructura en tres bloques que, desde la óptica del Derecho Administrativo, incluida la prevención de riesgos laborales, del Derecho Tributario y del Derecho Internacional y Penal, agrupan estudios jurídicos relacionados con el derecho al agua y al saneamiento, el uso y explotación de los distintos tipos de recursos hídricos y la gestión sostenible del agua....

En los últimos años ha habido una atención creciente de la doctrina por la actuación de los grupos de interés, a la vez que se hacía un llamamiento constante a la regulación de su actividad de influencia en la toma de decisiones por los poderes públicos. Algunas Comunidades Autónomas ya han dado el paso aprobando leyes específicas para reglamentar y hacer más transparente las actividades de influencia, a priori legítimas en un sistema democrático, exigiendo registros de los grupos de interés, códigos de conducta u otras herramientas como la publicación de las agendas de los...