Memorias para construir una ley de Derecho Internacional Privado para México

En el presente volumen se recogen los textos legales que en materia de vivienda constituyen un sector de indudable interés en nuestro ordenamiento jurídico. Bajo el epígrafe "Normas básicas" se contienen: la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, el texto refundido de la LAU de 1964 y el denominado Decreto Boyer, normas éstas en relación con la materia arrendaticia. Constituye otro bloque normativo la Ley de Propiedad Horizontal, y las disposiciones reguladoras de las viviendas de protección oficial, así como el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de ...

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTE) tiene un ámbito subjetivo de aplicación muy amplio, que incorpora no solo a la Administración pública y a otros sujetos públicos, sino también a diversas entidades de naturaleza privada que tienen una especial conexión con la Administración. El presente trabajo estudia el derecho de acceso a la información que los ciudadanos pueden ejercer frente a las entidades privadas del sector público, las corporaciones de derecho público o los sujetos puramente privados que prestan...

El Consejo de Estado y la doctrina consideran de forma casi unánime que existen sanciones administrativas en desarrollo de los contratos estatales. La tesis que se expone en este libro es que la multa, la cláusula penal, la caducidad o las inhabilidades por incumplimiento no son sanciones. Esta conclusión se obtiene luego de analizar dos aspectos. Primero, el concepto de sanción administrativa desde una perspectiva comparada - teórica y jurisprudencial. Y segundo, las consecuencias y finalidades de cada una de las medidas contractuales mencionadas.

Toda víctima tiene derecho a la protección, información, apoyo, asistencia y atención, así como a la participación activa en el proceso penal y a recibir un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio desde su primer contacto con las autoridades o funcionarios, durante la actuación de los servicios de asistencia y apoyo a las víctimas y de justicia restaurativa, a lo largo de todo el proceso penal y por un período de tiempo adecuado después de su conclusión, con independencia de que se conozca o no la identidad del infractor y del resultado del proceso.