La novación subjetiva en el arrendamiento de vivienda protegida.

El sistema de atención a la dependencia, denominado SAAD, se articula en España a partir de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Individual y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Un día antes que la ley española, el 13 de diciembre de 2006, había sido aprobada la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor para el Estado español el 8 de mayo de 2008. El enfoque basado en derechos y el modelo social de la discapacidad suponen los dos elementos que condicionan el régimen de la...

El régimen de las insolvencias punibles aparece marcado por el eterno interrogante que se cierne sobre la convivencia entre los delitos de alzamiento de bienes y los delitos concursales. Pese al conato de derogación del delito concursal en 2003, ningún legislador se ha atrevido, hasta el momento, a despenalizar alguno de los dos bloques de conductas punibles. Por el contrario, la LO 1/2015 concede un protagonismo sin precedentes a las figuras delictivas vinculadas al presupuesto objetivo del concurso de acreedores y, a su vez, desdibuja las relaciones entre ambas infracciones delictivas....

Tauromaquia y Propiedad Intelectual es el primer libro de Hugo de Patrocinio Polo, donde se ofrece a los lectores una obra muy trabajada que, con argumentos jurídicos, defiende el derecho de propiedad intelectual de los toreros, en concreto de su faena. La originalidad de sus reflexiones en comparación con la de otros autores, el análisis de las normas internas y de derecho comparado, de la jurisprudencia y la doctrina, su estudio del toreo desde la experiencia, hacen que sea interesante y entretenida su lectura tanto para el jurista como para el lego.

Las teorías de la pena se ocupan del cuestionamiento acerca de si la pena criminal puede ser justificada. Castigar estatalmente significa una carga considerable tanto para el autor que es sancionado como para la generalidad, los cuales deben asumir los costos. Su justificación requiere de una fundamentación cuidadosa que considere del mismo modo los intereses de las víctimas y de la generalidad, y que tenga en cuenta la necesidad de legitimación frente a los castigados.