La narcofinanciación de la política. Una comparación entre Colombia, México y Brasil

La Ley de Contratos del Sector Público de 30 de octubre de 2007 es una de esas Leyes llamadas a tener estabilidad y ser de marcado carácter codificador. Pese a que entró en vigor en mayo de 2008, en poco más de dos años dicha norma se ha reformado en profundidad por distintas y variadas normas con rango de Ley que han alterado en profundidad sus fundamentos con cambios en lo relativo a la modificación de los contratos, el sistema de pagos, la perfección o el control por órganos administrativos independientes mediante un recurso precontractual y un nuevo recurso contractual (cuestión...

La creciente expansión y protagonismo del Derecho penal en gran parte del mundo, y especialmente en Estados Unidos, se ha traducido en una gran cantidad de leyes penales y muchos más castigos que resultan sospechosos en términos de legitimidad. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que esta enorme cantidad de leyes penales es de hecho excesiva si no contamos con una teoría de la criminalización? ¿Cómo podemos reflexionar en torno a la legitimidad del Derecho penal si no tenemos claros los principios que deben orientar la decisión de cuándo criminalizar y cuándo no? La presente obra...

La irrupción de escándalos de corrupción pública ante la opinión pública plantea habitualmente el debate sobre las razones por los que estos asuntos no son descubiertos más tempranamente por las instituciones de control. En su defensa, estas organizaciones suelen argumentar que han cumplido adecuadamente con su papel, pero que no han podido detectar las presuntas defraudaciones pues «los auditores no somos policías». Este libro trata de responder a esta controversia desde la perspectiva del Tribunal de Cuentas y la Intervención General de la Administración del Estado, a partir de...

El proceso de integración en el ordenamiento jurídico positivo de los derechos y garantías de los obligados tributarios no ha sido fácil. No se trata ya en este punto de regular específicamente los derechos fundamentales y libertades públicas recogidos en la Constitución en el ámbito tributario, sino de decidir si en un Estado de Derecho se debe diseñar normativamente la posición jurídica del ciudadano frente a los poderes públicos, y más concretamente frente a la Hacienda Pública, al margen o adicionalmente al desarrollo normativo de aquellos derechos y libertades.