La garantía en el Estado constitucional de derecho

La obra Proceso penal aborda en tres volúmenes todos y cada uno de los aspectos de la práctica procesal en el ámbito penal. En la obra se analizan los diferentes aspectos procesales de forma práctica, pero a la vez rigurosa, documentando las opiniones, orientaciones y consejos, proporcionando el máximo de elementos de juicio para orientar correctamente la intervención en el proceso. Elaborada por profesionales con una dilatada experiencia en el proceso, es una obra de extraordinario valor para el ejercicio de la práctica en el ámbito de la jurisdicción penal que sirve a todos los...

Nuestro punto de partida es que estamos ante un derecho administrativo de la regulación por la configuración de la tríade regulatoria. La tríade regulatoria está representada por la regulación y la mejora regulatoria, por un lado; el cumplimiento normativo (compliance), por otro; y la fiscalización, por otro. Estos tres ángulos están estrechamente vinculados o relacionados, y cada cual cumple un papel o una función, pero deforma interrelacionada, lo que conlleva una verdadera transformación e innovación del derecho administrativo.

La aparición de una "economía del conocimiento global" —muy dependiente de la innovación— ha situado la regulación de la propiedad intelectual en el centro de los debates académicos y sobre políticas públicas. Desde la perspectiva de las relaciones internacionales y del comercio, la importancia del tema es manifiesta cuando se observa la reciente avalancha de negociaciones multilaterales y bilaterales en las que invariablemente se discuten los límites hasta dónde debe llegar la protección de la propiedad intelectual (Stiglitz 2007). Desde el punto de vista jurídico, la...

El arbitraje estatutario es un instrumento útil por diversas razones. Por un lado, desde la perspectiva de los sujetos implicados en el litigio −socios y sociedad−, el arbitraje puede ofrecer celeridad, especialización, confidencialidad y flexibilidad en la resolución de litigios. Por otro lado, desde la perspectiva del Estado y, por tanto, del interés general, su uso permite reducir la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales y trasladar a las compañías los costes de la resolución de este tipo de conflictos. Quizás por estos motivos, el legislador de 2011 optó por...