El futuro de la criminología crítica

El clásico principio, convertido en realidad y norma, del interés superior del menor precisaba un trabajo de investigación que multiplicara su funcionalidad teórica a partir de los supuestos que, de facto, se dan en la práctica jurisprudencial. Es ésta una monografía útil tanto para el investigador —que encontrará en ella una elaborada confección del principio y la norma—, como para el jurista en ejercicio, que encontrará en ella la resolución de los enfoques prácticos que la realidad plantea. Eugenio Pizarro es licenciado en Derecho por la Universidad de Cádiz, 1990-1995, y ...

Este libro se enfoca en un aspecto controversial y poco explorado de la teoría del razonamiento jurídico de MacCormick: el razonamiento jurídico consecuencialista. Piero Ríos Carrillo es abogado por la Universidad Católica San Pablo (Arequipa, Perú), en donde obtuvo el reconocimiento a primer puesto de la promoción de egreso 2018-2. Ha sido orador del equipo que quedó en el segundo lugar de la 10a edición del Moot Madrid (Madrid, España) en 2018 y que ganó la 6a Competencia Internacional de Arbitraje de Inversiones organizada por la Universidad del Externado (Colombia) y la...

Esta obra aborda el proceso de gestación del código de 1848 y la incidencia de su publicación en la sociedad, el Derecho y en la Administración de Justicia de la época. Analiza las transformaciones que se fueron produciendo hasta convertirlo en el código de 1850, un código distinto fruto de la actividad camuflada del gobierno que trató de presentarlo como una simple introducción en el código de 1848 utilizando la vía de los Decretos. Se estudia la significación especial de cada uno de los dos textos penales a la vez que se entronca con la justificación política existente en la...

Toda víctima tiene derecho a la protección, información, apoyo, asistencia y atención, así como a la participación activa en el proceso penal y a recibir un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio desde su primer contacto con las autoridades o funcionarios, durante la actuación de los servicios de asistencia y apoyo a las víctimas y de justicia restaurativa, a lo largo de todo el proceso penal y por un período de tiempo adecuado después de su conclusión, con independencia de que se conozca o no la identidad del infractor y del resultado del proceso.