El Estatuto fiscal de la Empresa Familiar

La Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria con esta finalidad, ha introducido en el Título XII del Libro IV del Código civil, que contempla los contratos aleatorios, la regulación del contrato de alimentos. Para ello, ha aprovechado los artículos 1791 a 1797, hasta ese momento vacíos de contenido tras la reforma operada por la Ley 50/1980, de 8 de octubre. De esta forma, tal y como declara la Exposición de Motivos de la Ley 41/2003, se ...

El presente libro tiene por objeto el estudio de la conexión existente entre la Constitución y la Literatura. A partir de ello, tiene por objetivo rescatar, si es que aún existe, el sentido de un tiempo en el que la justicia era poética, cuando los debates académicos y sociales se desarrollaban en un ambiente de pasión, hoy, abandonado por la creciente burocratización del papel desempeñado por los investigadores en nuestras universidades y por los operadores del Derecho en la práctica jurídica. Un objeto nostálgico, por cierto. Una sensación de inquietud y de intolerancia para la...

Análisis doctrinal llevado a cabo por Eduardo García de Enterría, sobre las diversas formas de manifestarse el ejercicio de la postestad político-administrativa, señalando el papel que la legalidad, a través de la jurisdicción, llama a jugar en cada caso, como función de control. INTRODUCCIÓN El ciudadano se enfrenta con el Poder primariamente en cuanto poder administrativo. El le acompaña, como decían nuestros clásicos dsl siglo xix, desde la cuna a la sepultura. Pero no se trata, naturalmente, de enfocar este problema de la justicia administrativa como un sistema de regulaciones ...

Toda víctima tiene derecho a la protección, información, apoyo, asistencia y atención, así como a la participación activa en el proceso penal y a recibir un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio desde su primer contacto con las autoridades o funcionarios, durante la actuación de los servicios de asistencia y apoyo a las víctimas y de justicia restaurativa, a lo largo de todo el proceso penal y por un período de tiempo adecuado después de su conclusión, con independencia de que se conozca o no la identidad del infractor y del resultado del proceso.