Derecho de familia

En la actual "Sociedad de la información y el conocimiento", los avances tecnológicos deben ser utilizados en las tareas de investigación criminal por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para la investigación de los delitos informáticos, en los que son decisivas las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Toda investigación criminal tiene por principal objetivo la obtención de la máxima información posible sobre la comisión de un hecho delictivo, siendo las medidas tecnológicas de investigación un pilar esencial en cualquier investigación criminal en la...

Actualmente, el turismo se constituye como uno de los motores fundamentales de la economía española. España se ha convertido en uno de los líderes mundiales de este importante sector económico. Con este libro se ha pretendido proporcionar una visión general del régimen jurídico del turismo en nuestro país, que abarca tanto los orígenes, el concepto, la organización y las competencias como las empresas y las actividades de aplicación turística, sin olvidar otros aspectos tan importantes como los transportes, los seguros y la disciplina turística. A estos efectos se hace un...

El legado jurídico de Roma no se sustenta sólo en el conjunto de normas que nos han transmitido las fuentes, sino también en la organización jurisdiccional y judicial que permitía su aplicación. En este libro se analiza cómo era entendida la iurisdictio en Roma, los problemas de competencia que surgían entre los diversos magistrados y jueces, y los criterios utilizados para su atribución. Domicilio, territorio, cuantía o materia del litigio determinarán los criterios competenciales de aplicación que, junto a estatutos personales privilegiados o el ius domus revocandi, son puestos...

Toda víctima tiene derecho a la protección, información, apoyo, asistencia y atención, así como a la participación activa en el proceso penal y a recibir un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio desde su primer contacto con las autoridades o funcionarios, durante la actuación de los servicios de asistencia y apoyo a las víctimas y de justicia restaurativa, a lo largo de todo el proceso penal y por un período de tiempo adecuado después de su conclusión, con independencia de que se conozca o no la identidad del infractor y del resultado del proceso.