Constitucionalización e internacionalización de los derechos a la salud y a la pensión

El sistema de atención a la dependencia, denominado SAAD, se articula en España a partir de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Individual y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Un día antes que la ley española, el 13 de diciembre de 2006, había sido aprobada la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor para el Estado español el 8 de mayo de 2008. El enfoque basado en derechos y el modelo social de la discapacidad suponen los dos elementos que condicionan el régimen de la...

La democracia participativa es una de las vías de superación de la crisis de legitimidad de los estados constitucionales que más notoriedad ha adquirido en los últimos años. Sin embargo, no existe un concepto unívoco de democracia participativa porque no hay consenso sobre qué signifi que participar en los asuntos públicos. Si bien es necesario un mínimo de participación para que exista democracia, una decidida ampliación de los derechos de ciudadanía activa contradice las concepciones hegemónicas de la constitución y la democracia, que se orientan, precisamente, a limitar la...

La ocupación explicada con ejemplos es libro que responde a una concepción muy original, al explicar pedagógicamente un tema clásico y difícil del Derecho civil a partir de veinte ejemplos concretos -tesoro bajo las tejas, maletín olvidado en un bar, collar de perlas abandonado por despecho, paquete de cera con lingotes de oro dentro, hallazgo de unos cheques al portador, valgan por casos- significativos e ilustrativos de la complejidad dogmática del tema y pensados para defender el concepto de ocupación, diverso del habitual, que el autor concibió y propuso a la doctrina en su tesis ...

El derecho es un sistema normativo que regula el funcionamiento de la sociedad, de las relaciones con las instituciones y de convivencia de los ciudadanos entre sí. Por ello, la lengua empleada en el ámbito jurídico-administrativo ha de ser asequible a los ciudadanos, tanto en los procedimientos de producción como en los de interpretación de cualquier género. Y esto es una inquietud y una demanda no solo de los ciudadanos, sino también de las administraciones públicas y, especialmente, de los juristas, incluyendo a jueces, magistrados, fiscales, abogados del Estado y Consejo General...