Constitucionalización e internacionalización de los derechos a la salud y a la pensión

Tras fracasar la negociación entre los sindicatos y las asociaciones empresariales, el Gobierno ha dictado el Real Decreto-ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva. La norma está en vigor desde el 12 de junio de 2011. En el presente libro y desde una perspectiva eminentemente práctica, especialistas en la materia analizan las medidas introducidas por el Real Decreto-ley, entre las que se encuentran las siguientes: se refuerzan los convenios colectivos sectoriales de ámbito estatal y autonómico, en detrimento del ámbito provincial y, a...

El objetivo central de este libro es una aproximación al «estado de la cuestión» sobre Teoría de conflictos y Estudios para la paz. Pretendemos exponer los debates más importantes en el campo inter y transdisciplinar y los desafíos actuales planteados sobre conflictos y paz. Nosotros partimos de que la violencia es negativa, la paz es positiva y el conflicto siempre es neutro. El libro Gestión de conflictos se enmarca en las dinámicas de las transversalidades unidas a una Antropología de la neutralidad que nos ayuda a resolver, gestionar, transformar y neutralizar los conflictos,...

Cuando abordamos el tema de la prevención de riesgos laborales no solemos entender que, una vez solucionados los problemas estrictamente materiales que originan el problema, el objetivo es modificar, consciente y voluntariamente, la conducta de las personas. Conducta que debe evitar las situaciones de riesgo desde la conciencia de la situación y el deseo de perdurar en la situación óptima a lo largo de toda la vida. Ello supone que enfoquemos los tres temas tratados en este manual desde la óptica de la repercusión entendida esta como la conducta segura. De ahí que entendamos el proceso ...

El derecho es un sistema normativo que regula el funcionamiento de la sociedad, de las relaciones con las instituciones y de convivencia de los ciudadanos entre sí. Por ello, la lengua empleada en el ámbito jurídico-administrativo ha de ser asequible a los ciudadanos, tanto en los procedimientos de producción como en los de interpretación de cualquier género. Y esto es una inquietud y una demanda no solo de los ciudadanos, sino también de las administraciones públicas y, especialmente, de los juristas, incluyendo a jueces, magistrados, fiscales, abogados del Estado y Consejo General...