Víctimas y derechos: tratamiento normativo, programas de Justicia Restaurativa y de Justicia Transicional

El 11 de julio de 2012 el Congreso colombiano expidió la Ley 1562 que modificó el Sistema General de Riesgos Profesionales y dictó algunas normas en salud ocupacional. La nueva ley cambió la denominación de los riesgos para estar en concordancia con lo establecido por el Convenio 187 de 2006 de la OIT y, así mismo modificó el término de prescripción de las prestaciones económicas del Sistema, amplió la definición de accidente de trabajo, mejoró el concepto y aplicación de la relación de causalidad de las enfermedades laborales, amplió los grupos de trabajadores afiliados al...

En el mantenimiento del patrimonio social y su destino al desarrollo del objeto social fijado en los estatutos de la sociedad, confluyen el interés de los terceros y el interés de los socios. Este interés común se ve amenazado por cualquier práctica que suponga la distracción de elementos patrimoniales de la sociedad para atender a las necesidades particulares de sus socios o de sus administradores, como puede ocurrir con la concesión de préstamos, créditos o, en general, de asistencia financiera en favor de éstos. Pero, al mismo tiempo, se trata de una práctica generalizada –y...

Hay principios lógico/normativos que dan características formales y regulan los contenidos de cada Institución Jurídica. Investigar los “principios jurídicos” consiste en detectar los principios inspiradores de cada Institución, y observar cómo, desde ellos, aparecen los argumentos que pueden aclarar cuáles sean las conductas lícitas o ilícitas, mediante las diversas Fuentes del Derecho cuyas reglas les sean más correctamente aplicables. Se plantea así el problema de cuál sea la metodología más adecuada para aclarar y conocer el sentido de los Principios del Derecho.

Las teorías de la pena se ocupan del cuestionamiento acerca de si la pena criminal puede ser justificada. Castigar estatalmente significa una carga considerable tanto para el autor que es sancionado como para la generalidad, los cuales deben asumir los costos. Su justificación requiere de una fundamentación cuidadosa que considere del mismo modo los intereses de las víctimas y de la generalidad, y que tenga en cuenta la necesidad de legitimación frente a los castigados.