Víctimas y derechos: tratamiento normativo, programas de Justicia Restaurativa y de Justicia Transicional

Las teorías de la pena se ocupan del cuestionamiento acerca de si la pena criminal puede ser justificada. Castigar estatalmente significa una carga considerable tanto para el autor que es sancionado como para la generalidad, los cuales deben asumir los costos. Su justificación requiere de una fundamentación cuidadosa que considere del mismo modo los intereses de las víctimas y de la generalidad, y que tenga en cuenta la necesidad de legitimación frente a los castigados.

Distribuido en tres Capítulos, se analizan el juicio verbal, los recursos y la nulidad, rescisión y revisión de sentencias. El estudio aborda de forma completa las diferentes cuestiones que se suscitan en la práctica procesal civil, con un estudio exhaustivo del proceso declarativo ordinario, así como de los distintos tipos de recursos, analizándose con especial amplitud los recursos de apelación, infracción procesal y casación, finalizando con el examen del régimen de nulidad de actuaciones, rescisión de sentencias dictadas en rebeldía y revisión de sentencias firmes. Se...

Este libro del profesor Allan R. Brewer-Carías es la recopilación de todos sus estudios, trabajados y escritos durante los últimos veinte años, sobre el proceso de demolición sistemática de la autonomía e independencia del Poder Judicial en Venezuela, el cual se inició cuando la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 decretó la intervención del Poder Judcicial, decisión a lo cual se allanó la antigua Corte Suprema de Justicia, habiendo con ello decretado su propia desaparición. Así fue como a los pocos meses sus magistrados fueron removidos, designandose a partir de entonces...

En el volumen anterior a este texto indicábamos cómo en los últimos años se ha incrementado notablemente el número de conflictos ambientales en el país, tanto que Colombia ha llegado a ser considerado como uno de los países con más conflictos ambientales de Latinoamérica, aspecto que demuestra los profundos desacuerdos entre los actores de la gestión ambiental (instituciones estatales, pueblos y comunidades, gremios económicos, etc.) sobre cómo usar, acceder, intercambiar o comercializar bienes ambientales y naturales.