Respuesta jurídica y social a la víctima del delito

La regulación jurídico-penal del acoso familiar y no familiar se establece con la LO 1/2015, de 30 de marzo, que lo tipifica como delito en el art. 172 ter CP, también conocido como acecho o stalking, dentro de los delitos contra la libertad y con una técnica restrictiva al establecer las formas de acoso de un modo tasado; y aunque es un delito común, se estableció en el marco de la violencia de género para proteger especialmente a la mujer. El nuevo delito que viene a colmar la ausencia de un tipo penal específico para combatir las conductas de acoso persecutorio, ofrece respuesta...

En la actual "Sociedad de la información y el conocimiento", los avances tecnológicos deben ser utilizados en las tareas de investigación criminal por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para la investigación de los delitos informáticos, en los que son decisivas las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Toda investigación criminal tiene por principal objetivo la obtención de la máxima información posible sobre la comisión de un hecho delictivo, siendo las medidas tecnológicas de investigación un pilar esencial en cualquier investigación criminal en la...

La presente publicación analiza la legislación española en materia de videovigilancia móvil policial. Con todo ello se quiere facilitar al lector, y sobre todo a los diferentes miembros de las policías locales, una visión práctica del uso y porte de estos dispositivos de grabación llamados bodycam, ya que la normativa existente en la materia, además de contar con más de veinte años de existencia, no regula según el punto de vista propuesto, todos los supuestos que podrían estar actualmente autorizados para poder armonizar la realidad social con las necesidades policiales. En...

Esta obra no pretende dar solución a todos los problemas surgidos en el seno de la Sociedad de Información, pero sí llamar la atención sobre aquellos que afectan a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Busca, además, mostrar que la solución depende en gran medida de todos y cada uno de sus miembros, que han de ejercer sus derechos sin olvidar que quienes tienen mayor responsabilidad en el buen uso de la Red son los poderes públicos. Sólo así lograremos construir una sociedad digital sensata y coherente. A lo largo de los cinco capítulos se apuntan las cuestiones de...

La Constitución Política de Colombia, expedida en 1991, concibió un nuevo derecho procesal conformado por una serie de acciones judiciales que, por ello mismo, son llamadas acciones constitucionales, las que por su contenido y características, resultan claramente diferenciables de las tradicionales acciones legales, contenidas en los códigos de procedimiento. Cuatro de tales acciones constitucionales, las de tutela, de habeas corpus, de cumplimiento y las populares, son acciones públicas en cuanto pueden ser ejercidas ante los jueces competentes por toda persona, directamente, debiendo...

El 'nuevo Estado franquista', configurado jurídicamente por medio de las denominadas Leyes Fundamentales, incluye en si un entramado institucional a las Cortes, órgano de rancia tradición en la historia peninsular, aunque ahora notablemente transformado. Su dirección sigue recayendo en la figura del Presidente, pero se le dota de tales poderes que lo convierten en una figura clave en el desenvolvimiento político-jurídico de nuestro país durante cuatro décadas. Y esa es precisamente la intención de los autores de esta monografía, el desgranar las competencias y funciones de la...