Respuesta jurídica y social a la víctima del delito

La regulación jurídico-penal del acoso familiar y no familiar se establece con la LO 1/2015, de 30 de marzo, que lo tipifica como delito en el art. 172 ter CP, también conocido como acecho o stalking, dentro de los delitos contra la libertad y con una técnica restrictiva al establecer las formas de acoso de un modo tasado; y aunque es un delito común, se estableció en el marco de la violencia de género para proteger especialmente a la mujer. El nuevo delito que viene a colmar la ausencia de un tipo penal específico para combatir las conductas de acoso persecutorio, ofrece respuesta...

En la actual "Sociedad de la información y el conocimiento", los avances tecnológicos deben ser utilizados en las tareas de investigación criminal por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para la investigación de los delitos informáticos, en los que son decisivas las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Toda investigación criminal tiene por principal objetivo la obtención de la máxima información posible sobre la comisión de un hecho delictivo, siendo las medidas tecnológicas de investigación un pilar esencial en cualquier investigación criminal en la...

¿Existe realmente una función de gobernar?. Si la primera parte de este libro se dedica a realizar la definición jurídica de la función de gobierno, las restantes partes se ocupan de analizar cómo se configura dicha función en nuestra norma magna. Así, se tratará de responder al gran interrogante, ¿quién ejerce la función de gobierno es España?. Los principios de Estado Social y Democrático de Derecho, los procesos de descentralización "ad intra" y "ad extra", y la Monarquía Parlamentaria, conducen a un concreto diseño constitucional de la titularidad y extensión de la...

Resumen: La presente monografía tiene por objeto el estudio de la confi guración legal del derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales tras la reforma operada en nuestro Ordenamiento jurídico en virtud de la transposición de la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de octubre de 2010.

La Constitución Política de Colombia, expedida en 1991, concibió un nuevo derecho procesal conformado por una serie de acciones judiciales que, por ello mismo, son llamadas acciones constitucionales, las que por su contenido y características, resultan claramente diferenciables de las tradicionales acciones legales, contenidas en los códigos de procedimiento. Cuatro de tales acciones constitucionales, las de tutela, de habeas corpus, de cumplimiento y las populares, son acciones públicas en cuanto pueden ser ejercidas ante los jueces competentes por toda persona, directamente, debiendo...

El autor realiza una introducción a los principios constitucionales fundamentales del derecho administrativo mediante el análisis de los temas de la vinculación de la administración a la ley y del imperativo constitucional alemán de la protección a la confianza de los ciudadanos. Igualmente, explica de manera concreta los aspectos generales del derecho administrativo, presentando sus principios generales, como el de la discrecionalidad y los medios de acción más importantes de administración: el acto administrativo y el contrato administrativo.