Respuesta jurídica y social a la víctima del delito

En la actual "Sociedad de la información y el conocimiento", los avances tecnológicos deben ser utilizados en las tareas de investigación criminal por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para la investigación de los delitos informáticos, en los que son decisivas las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Toda investigación criminal tiene por principal objetivo la obtención de la máxima información posible sobre la comisión de un hecho delictivo, siendo las medidas tecnológicas de investigación un pilar esencial en cualquier investigación criminal en la...

Concepción Arenal Ponte (1820-1893) fue una importante escritora española realista vinculada al pionero movimiento feminista de finales del siglo XIX. En el Ensayo sobre el Derecho de Gentes (1879), investiga las causas del atraso del Derecho de Gentes y los medios que deben emplearse para hacer que responda a las exigencias formuladas por la ciencia y la conciencia pública. Realiza una crítica delicada e independiente de las reglas que lo constituyen y da una serie de consideraciones, tan profundas como originales, de esta rama del Derecho.

Para la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) la propiedad intelectual engloba tanto los derechos de propiedad industrial (marcas, patentes, diseño industrial, denominaciones de origen) como los derechos de propiedad intelectual (derechos de autor y derechos conexos). Este libro comprende la redacción tomada de la Ley 23/2006, de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de la Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril. En él se estipulan el conjunto de derechos de autor, personales (morales) y...

La Ley 5/2019, de 15 de marzo, Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario (popular e incorrectamente conocida como ley hipotecaria), es una norma cuya pretendida finalidad era la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva 2014/17/UE. No obstante, su ámbito de aplicación, sus propósitos, su naturaleza, los sujetos a los que se refiere e incluso los problemas que viene a resolver no son exactamente los mismos que los de la Directiva. Eso sin contar con el hecho de que - dadas las circunstancias a las que la propia Directiva se refiere - habría sido deseable...

En la obra Riesgo operacional y servicio público se profundiza sobre las consecuencias que ha producido la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico del nuevo concepto de "riesgo operacional" con la transposición de la Directiva 23/2014, de 26 de febrero, mediante la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Dicha introducción ha producido una reformulación significativa de nuestra tradicional tipología de contratos con la desaparición de algunas figuras clásicas como el contrato de gestión de servicios y la aparición de algunas novedades como el contrato ...