Patrimonio arqueológico y planificación territorial

Los bienes culturales son bienes singulares. En ellos confluyen diversas titularidades y múltiples valores. En muchas situaciones las esferas pública y privada se yuxtaponen pues, en cierta medida, dichos bienes definen los rasgos de nuestra conducta e identidad. Nos indignamos —como si fueran bienes de nuestra propiedad personal— cuando algún plato de nuestra cocina pretende ser apropiado por otro país o cuando un sitio arqueológico es destruido. Sin embargo, ¿están dadas las reglas para aprovechar su potencial con el mismo ímpetu? Este libro tiene como propósito describir los...

La Ley 5/2019, de 15 de marzo, Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario (popular e incorrectamente conocida como ley hipotecaria), es una norma cuya pretendida finalidad era la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva 2014/17/UE. No obstante, su ámbito de aplicación, sus propósitos, su naturaleza, los sujetos a los que se refiere e incluso los problemas que viene a resolver no son exactamente los mismos que los de la Directiva. Eso sin contar con el hecho de que - dadas las circunstancias a las que la propia Directiva se refiere - habría sido deseable...

El Código Civil establece que "los padres son responsables de los daños causados por los hijos que estén bajo su guarda" y que "los tutores lo son de los perjuicios causados por los menores o incapacitados que estén bajo su autoridad y habitan en su compañía". Y son los maestros, por otro lado, los responsables respecto a los perjuicios causados por sus alumnos o aprendices mientras permanezcan bajo su custodia. En teoría, padres, guardadores y tutores podrán eludir su responsabilidad si prueban que actuaron con la diligencia de un buen padre de familia en el cumplimiento de sus...

El derecho es un sistema normativo que regula el funcionamiento de la sociedad, de las relaciones con las instituciones y de convivencia de los ciudadanos entre sí. Por ello, la lengua empleada en el ámbito jurídico-administrativo ha de ser asequible a los ciudadanos, tanto en los procedimientos de producción como en los de interpretación de cualquier género. Y esto es una inquietud y una demanda no solo de los ciudadanos, sino también de las administraciones públicas y, especialmente, de los juristas, incluyendo a jueces, magistrados, fiscales, abogados del Estado y Consejo General...