Las personas con discapacidad en el ordenamiento jurídico español

La Asamblea General de la O.N.U. adoptó el 13 de Diciembre de 2006: "La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad". Instrumento jurídico vinculante y exigible para los Estados ratificantes (España ha sido de los primeros en adherirse), asumiendo así el compromiso de adaptar su ordenamiento interno a esta normativa internacional. La presente obra tiene el objetivo de servir de vehículo de difusión de la repercusión operada en nuestro Ordenamiento Jurídico Nacional. Para ello su Autor, con un lenguaje claro y de forma sistemática, va abordando las...

El arbitraje estatutario es un instrumento útil por diversas razones. Por un lado, desde la perspectiva de los sujetos implicados en el litigio −socios y sociedad−, el arbitraje puede ofrecer celeridad, especialización, confidencialidad y flexibilidad en la resolución de litigios. Por otro lado, desde la perspectiva del Estado y, por tanto, del interés general, su uso permite reducir la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales y trasladar a las compañías los costes de la resolución de este tipo de conflictos. Quizás por estos motivos, el legislador de 2011 optó por...

La obra analiza la situación y evolución de los diversos aspectos institucionales, jurídicos y prácticos de la coordinación en el interior de las Naciones Unidas (ECOSOC, programas, órganos, actividades operacionales, conferencias mundiales ...) en materia de cooperación al desarrollo, temática transversal y común a la ONU y a los organismos especializados del sistema (FAO, ONUDI ...).

La forma y las formalidades de los contratos públicos, así como los demás conceptos que contienen, han estado siempre revestidos de una enorma complejidad e importancia, por lo que en esta ocasión el tema ha sido tratado en una obra independiente. Así, a partir del estudio del Decreto 1082 de 2015, reglamentario del Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública (que derogó por completo lo establecido en el Decreto 734 de 2012 y compiló lo dispuesto en el Decreto 1510 de 2013), del análisis de la jurisprudencia administrativa, y del examene de los laudos...

La definición de lo que sea de interés general no queda a la libre y caprichosa decisión del legislador y de la Administración. Las decisiones públicas de mayor relevancia han de ir precedidas de la información necesaria, y, en particular, de métodos y conocimientos que midan y valoren los efectos de las medidas proyectadas, así como de sus posibles alternativas u opciones. De eso trata la evaluación de impacto regulatorio. El presente libro trae experiencias de Derecho comparado, señaladamente de Francia y Estados Unidos, países avanzados en la materia, y ofrece reflexiones de...