La educación digital en el ámbito universitario. Un enfoque 360

La desaparición forzada de personas, grave violación de derechos humanos caracterizada por su naturaleza pluriofensiva y continuada, ha marcado la historia de gran parte de los países de América Latina, sobre todo de aquellos que han atravesado contextos de dictadura o de conflicto armado. La privación de la libertad, la intervención o aquiescencia de agentes estatales en los hechos, y la negativa de reconocer la detención o de proveer información de la suerte o el paradero de la víctima son los elementos constitutivos que definen la complejidad y la atrocidad de esta práctica que...

El núcleo central de este trabajo se articula en base al estudio del art. 170 CC que regula la privación de la patria potestad. Se ha intentado aproximar una definición de la misma ante el silencio del legislador. Asimismo, se han concretado distintos aspectos de esta institución, a la luz de los postulados doctrinales y jurisprudenciales, que pueden crear cierta confusión Por otro lado, se procede a un estudio exhaustivo de sus causas, cuya naturaleza puede ser civil o penal. La falta de objetivación de las primeras, ha supuesto la existencia de pronunciamientos judiciales totalmente...

El sistema de atención a la dependencia, denominado SAAD, se articula en España a partir de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Individual y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Un día antes que la ley española, el 13 de diciembre de 2006, había sido aprobada la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor para el Estado español el 8 de mayo de 2008. El enfoque basado en derechos y el modelo social de la discapacidad suponen los dos elementos que condicionan el régimen de la...

Toda víctima tiene derecho a la protección, información, apoyo, asistencia y atención, así como a la participación activa en el proceso penal y a recibir un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio desde su primer contacto con las autoridades o funcionarios, durante la actuación de los servicios de asistencia y apoyo a las víctimas y de justicia restaurativa, a lo largo de todo el proceso penal y por un período de tiempo adecuado después de su conclusión, con independencia de que se conozca o no la identidad del infractor y del resultado del proceso.