Guerra irregular y constitucionalismo en Colombia

El libro plantea los principios generales del derecho como una defensa en contra de las arbitrariedades del poder. Aborda la compleja cuestión del reconocimiento y forma de operatividad de los principios y pone de relieve su trascendencia, no solo para alcanzar una comprensión más completa del orden jurídico, sino también para conseguir una mejor solución de los casos prácticos que se presentan ante el juez. Aborda desde el Derecho Civil hasta el Constitucional, Administrativo, Penal y Procesal, panorama que presenta en forma pormenorizada. El texto se engarza en la tradición que...

El Consejo de Estado y la doctrina consideran de forma casi unánime que existen sanciones administrativas en desarrollo de los contratos estatales. La tesis que se expone en este libro es que la multa, la cláusula penal, la caducidad o las inhabilidades por incumplimiento no son sanciones. Esta conclusión se obtiene luego de analizar dos aspectos. Primero, el concepto de sanción administrativa desde una perspectiva comparada - teórica y jurisprudencial. Y segundo, las consecuencias y finalidades de cada una de las medidas contractuales mencionadas.

La Constitución española de 1869 se aprobó bajo el Gobierno Provisional de 1868-1871, formado tras la Revolución de 1868 que puso fin al reinado de Isabel II. Estuvo vigente durante el reinado de Amadeo I y, tras la proclamación de la Primera República Española, en febrero de 1873, solo quedó en vigor el Título I, que proclamaba las libertades y derechos fundamentales. Más tarde fue restablecida tras el golpe de Pavía que dio paso a la dictadura de Serrano. La Constitución española de 1869 fue abolida definitivamente tras el pronunciamiento de Martínez Campos en diciembre de...

Esta obra no pretende dar solución a todos los problemas surgidos en el seno de la Sociedad de Información, pero sí llamar la atención sobre aquellos que afectan a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Busca, además, mostrar que la solución depende en gran medida de todos y cada uno de sus miembros, que han de ejercer sus derechos sin olvidar que quienes tienen mayor responsabilidad en el buen uso de la Red son los poderes públicos. Sólo así lograremos construir una sociedad digital sensata y coherente. A lo largo de los cinco capítulos se apuntan las cuestiones de...