El precedente contencioso administrativo

Este texto es una versión corregida de la tesis de doctorado, elaborada por su autora, bajo la magnífica codirección de uno de los mejores constitucionalistas colombianos (Alexei Julio Estrada) y uno de los mejores constitucionalistas franceses (Dominique Rousseau). El tribunal que evaluó la tesis le otorgó la máxima calificación summa cum laude con sugerencia de publicación. El lector encontrará en estas reflexiones no solo un texto escrito con cuidado y claridad, sino una contribución invaluable a la teoría del precedente judicial y a la práctica de este, como una innovación...

Los testamentos pueden haber sido redactados con claridad, especialmente si se otorgan ante notario; aún así, es frecuente que, cuando el causante muere, y el testamento despliega su eficacia, no hay acuerdo sobre lo que aquel quiso realmente disponer. Piénsese, por ejmplo, en los casos en los que se omitió a un legitimario, y se duda sobre si estamos, o no, ante una decisión intencionada. Se impone entonces indagar cuál fue la intención del otorgante. Ello se consigue mediante la interpretación del documento que contiene la última voluntad; por lo que ha de saberse en qué consiste...

Índice: Introducción. -- II. Bien jurídico protegido. -- III. Naturaleza jurídica del delito de asesinato. -- IV. Tipo art. 139. Elementos constitutivos del delito de asesinato. -- V. Tipos cualificados. -- VI. Iter criminis. -- VII. Autoría y participación criminal. -- VIII. Concurso de leyes y delitos. -- IX. Consecuencias jurídicas del delito de asesinato. -- X. Consideraciones críticas y toma de posición.

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.Con la actualización de cifras establecida por Orden HFP/1298/2017, de 26 de diciembre, por la que se publican los límites de los distintos tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2018.

En la actual "Sociedad de la información y el conocimiento", los avances tecnológicos deben ser utilizados en las tareas de investigación criminal por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para la investigación de los delitos informáticos, en los que son decisivas las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Toda investigación criminal tiene por principal objetivo la obtención de la máxima información posible sobre la comisión de un hecho delictivo, siendo las medidas tecnológicas de investigación un pilar esencial en cualquier investigación criminal en la...