La interpretación de la ley

El artículo 38 de la Constitución Española reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, y exhorta a los poderes públicos a proteger su ejercicio, lo que ha de hacerse siempre dentro de los límites de la sana y justa competencia. Encontramos así una necesidad de tutela frente a los ataques más graves contra intereses relacionados con la libertad de competencia y la justa productividad de las empresas dentro de un sistema como el nuestro, de libre mercado. El Derecho penal debe proteger, pues, intereses concernientes a dichas empresas como primeros sujetos que...

Ante los costes y riesgos anudados a las formas típicas de garantía real (hipoteca, prenda), la práctica viene reconociendo otras fórmulas más ágiles, económicas y -quizás- efectivas de protección del acreedor que han hecho surgir nuevos modos atípicos o indirectos de garantizar el crédito o que, al menos, pueden cumplir con tal función (Lease-Back, venta en garantía, etc.) En este contexto, el tráfico actual conoce la llamada opción en garantía, en donde la tradicional opción de compra viene a atender una función distinta de la que le es clásica. Así, las partes disponen...

El objetivo de este estudio es hacer tomar conciencia a los operadores jurídicos de los principales instrumentos del razonamiento y de la argumentación en el campo jurídico para comprenderlos y usarlos mejor. DAMIANO CANALE (Vicenza, 1968) es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad Bocconi de Milán. Entre los años 2010 al 2016 fue jefe del Departamento de Estudios Legales "A. Sraffa". Forma parte del equipo docente del doctorado en Filosofía del Derecho de la Universidad de Génova. Ha sido profesor asociado de Filosofía del Derecho en la Universidad de Padua. Es...

En los últimos años ha habido una atención creciente de la doctrina por la actuación de los grupos de interés, a la vez que se hacía un llamamiento constante a la regulación de su actividad de influencia en la toma de decisiones por los poderes públicos. Algunas Comunidades Autónomas ya han dado el paso aprobando leyes específicas para reglamentar y hacer más transparente las actividades de influencia, a priori legítimas en un sistema democrático, exigiendo registros de los grupos de interés, códigos de conducta u otras herramientas como la publicación de las agendas de los...