Derecho romano y Europa

El presente estudio propone una comprensión crítica y alternativa de un fenómeno peculiar: la jurisprudencia constitucional que se establece a sí misma como fuente obligatoria del derecho en el caso colombiano. Con la intención de disputar el entendimiento normal provisto por el tradicionalismo jurídico, el autor propone rehabilitar la ideología-jurídica para detectar las operaciones ocultas en el discurso de las fuentes del derecho de la Corte Constitucional. Esta propuesta se encamina a detectar las operaciones ideológico-jurídicas recubiertas por el discurso de la Corte...

El estudio intenta arrojar luz sobre la escasa claridad derivada de la redacción del art. 19.2, último párrafo, del TRLGDCU, donde parecen considerarse las prácticas comerciales como algo distinto del contrato. Las sucesivas redacciones del art. 19 del TRLGDCU son analizadas con el fin de averiguar y concretar el origen del mencionado precepto. Asimismo, se examina el difícil encaje de este párrafo con otros pasajes del mismo TRLGDCU, ya que la redacción de este enunciado no encaja con otros párrafos del mismo art. 19, ni la remisión de este art. 19.2, último párrafo, del TRLGDCU...

El proceso de integración en el ordenamiento jurídico positivo de los derechos y garantías de los obligados tributarios no ha sido fácil. No se trata ya en este punto de regular específicamente los derechos fundamentales y libertades públicas recogidos en la Constitución en el ámbito tributario, sino de decidir si en un Estado de Derecho se debe diseñar normativamente la posición jurídica del ciudadano frente a los poderes públicos, y más concretamente frente a la Hacienda Pública, al margen o adicionalmente al desarrollo normativo de aquellos derechos y libertades.

Vivir en una sociedad sometida a múltiples e importantes riesgos supone la necesidad de proteger a las personas, los bienes y el medio ambiente frente a ellos.;Pero garantizar la seguridad de las personas y los bienes en la sociedad actual requiere, además de las actuaciones exigibles a las Administraciones Públicas, que los ciudadanos estén adecuadamente preparados para protegerse frente a riesgos y emergencias que puedan sufrir, por lo que las actuaciones públicas han de verse complementadas con las actuaciones de autoprotección.;La autoprotección puede considerarse como un derecho...