Conflictividad socioambiental y lucha por la tierra en Colombia: entre el posacuerdo y la globalización

La investigación indaga sobre el eventual reconocimiento de la potestad reglamentaria a las comisiones de regulación en los servicios públicos domiciliarios y de telecomunicaciones y sobre el esclarecimiento de cuál sería su alcance y contenido. Para ello hay que partir del análisis de las controversias surgidas en la doctrina y en la jurisprudencia, controversias debidas en buena parte a la ambigüedad del concepto y naturaleza de las comisiones de regulación, así como del contenido y naturaleza de sus funciones. Como se verá al final, la respuesta es positiva bajo la premisa de que ...

La juventud es una etapa crítica en la vida de las personas: un periodo de transición, en el que se han de tomar decisiones trascendentales en muchos ámbitos, especialmente en la educación y el trabajo. Conocer qué hay detrás de la elección entre estudiar y trabajar, o la combinación de ambas, permite asistir, mediante la formulación de políticas públicas, a quienes tratan de asegurar un futuro mejor para la próxima generación de trabajadores en América Latina y el Caribe (ALC). Este objetivo es prioritario debido a los cambios en el mercado laboral, marcados por la irrupción...

Este manual pretende llenar un vacío de la literatura del transporte de carga en Colombia y de los países que conforman el Área Andina, en la medida en que Colombia hace parte del Sistema Andino de Integración. Este vacío corresponde a la ausencia de un texto que recoja, además, de la regulación vigente, información acerca de los lineamientos de política pública, entendida esta como el direccionamiento que se ha dado a esta importante actividad en los últimos años. En este sentido, no se trata de una compilación de normas, sino que integra los elementos regulatorios del Sector y...

El derecho es un sistema normativo que regula el funcionamiento de la sociedad, de las relaciones con las instituciones y de convivencia de los ciudadanos entre sí. Por ello, la lengua empleada en el ámbito jurídico-administrativo ha de ser asequible a los ciudadanos, tanto en los procedimientos de producción como en los de interpretación de cualquier género. Y esto es una inquietud y una demanda no solo de los ciudadanos, sino también de las administraciones públicas y, especialmente, de los juristas, incluyendo a jueces, magistrados, fiscales, abogados del Estado y Consejo General...