Alternativas jurídicas al tratamiento penal de la delincuencia habitual

La expresión “objeción de conciencia institucional” resulta problemática por ser la conciencia un atributo de la persona individual, no de las instituciones. El asunto no es si la institución tiene o no conciencia, sino cuáles son sus derechos en relación con las libertades de pensamiento, de conciencia y de religión. Para el autor, la extensión a las personas jurídicas del reconocimiento de derechos que, en principio, pertenecen a la persona, como el derecho al buen nombre y a la libertad religiosa, entre otros, es un ejercicio típico de extensión analógica, usado sin...

En la actual "Sociedad de la información y el conocimiento", los avances tecnológicos deben ser utilizados en las tareas de investigación criminal por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para la investigación de los delitos informáticos, en los que son decisivas las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Toda investigación criminal tiene por principal objetivo la obtención de la máxima información posible sobre la comisión de un hecho delictivo, siendo las medidas tecnológicas de investigación un pilar esencial en cualquier investigación criminal en la...

La extinción de las sociedades de capital es un tema clásico, tradicionalmente controvertido, que sigue estando de plena actualidad, como ponen de manifiesto las últimas resoluciones judiciales y de la DGRN sobre la materia. La polémica viene motivada, en buena medida, por las distintas formas de entender los mecanismos para dar satisfacción a los diferentes intereses implicados en la desaparición de la persona jurídica. A la conocida controversia existente en el ámbito societario, ha venido a sumarse, tras la Ley Concursal de 2003, un nuevo foco de conflicto, provocado por la...

Toda víctima tiene derecho a la protección, información, apoyo, asistencia y atención, así como a la participación activa en el proceso penal y a recibir un trato respetuoso, profesional, individualizado y no discriminatorio desde su primer contacto con las autoridades o funcionarios, durante la actuación de los servicios de asistencia y apoyo a las víctimas y de justicia restaurativa, a lo largo de todo el proceso penal y por un período de tiempo adecuado después de su conclusión, con independencia de que se conozca o no la identidad del infractor y del resultado del proceso.