Conceptos básicos de Derecho procesal civil

La naturaleza pública de la disciplina deportiva española es una realidad indiscutida, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico. Las Federaciones deportivas imponen sus sanciones en calidad de agentes delegados de la Administración y no en el ejercicio de competencias propias, en virtud de una opción de los diferentes legisladores que pretendió, de una parte, proscribir la arbitrariedad e indefensión preconstitucionales, y de otra, dotar a los sujetos pasivos de los procedimientos disciplinarios deportivos de las garantías propias del Derecho Administrativo sancionador...

La tercera edición de la colección "Así habla el Externado" examina el impacto que las tecnologías disruptivas y la transfor­mación digital están teniendo sobre el conjunto de la sociedad, bajo una lente humanista e interdisciplinar, propia de nuestra institución. La Cuarta Revolución Industrial (4RI), que ha permeado todos los campos de la actividad humana y la sociedad, ofrece la inmensa oportunidad de reducir las brechas de conocimiento e ingreso económico y generar progreso social y democrático, pero puede también tener el efecto contrario. El lector y la lectora encontrarán...

Es innegable que la. naturaleza y la organización de los reguladores, generalmente denominados autoridades administrativas independientes (AAI), han sido prolijamente desarrolladas en el derecho comparado, principalmente en los Estados Unidos de América y en Europa. Sin embargo, en nuestro ordenamiento encontramos una situación diametralmente opuesta, esto es, la ausencia de un estudio crítico de la estructura de la Administración Pública, dada su concepción estática dentro del Derecho Administrativo, y la aceptación dogmática de la atribución de estructuras administrativas...

El arbitraje estatutario es un instrumento útil por diversas razones. Por un lado, desde la perspectiva de los sujetos implicados en el litigio −socios y sociedad−, el arbitraje puede ofrecer celeridad, especialización, confidencialidad y flexibilidad en la resolución de litigios. Por otro lado, desde la perspectiva del Estado y, por tanto, del interés general, su uso permite reducir la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales y trasladar a las compañías los costes de la resolución de este tipo de conflictos. Quizás por estos motivos, el legislador de 2011 optó por...