Código de Petróleos

La presente monografía tiene como objeto el análisis del complejo entramado procesal que se produce cuando concurren la impugnación de un despido (sea disciplinario u objetivo) con la impugnación de otra causa de extinción del contrato de trabajo. En este sentido, se parte de la doble posibilidad inicial que contempla la norma de ritos social, bien que el actor acumule en su demanda ambas pretensiones (art. 26.2 LRJS), bien que se presenten por separado y se deba producir luego una acumulación de procesos (art. 32). Siguiendo la estela legal y jurisprudencial, se distingue, a su vez,...

Este libro del profesor Allan R. Brewer-Carías es la recopilación de todos sus estudios, trabajados y escritos durante los últimos veinte años, sobre el proceso de demolición sistemática de la autonomía e independencia del Poder Judicial en Venezuela, el cual se inició cuando la Asamblea Nacional Constituyente de 1999 decretó la intervención del Poder Judcicial, decisión a lo cual se allanó la antigua Corte Suprema de Justicia, habiendo con ello decretado su propia desaparición. Así fue como a los pocos meses sus magistrados fueron removidos, designandose a partir de entonces...

La Constitución española de 1869 se aprobó bajo el Gobierno Provisional de 1868-1871, formado tras la Revolución de 1868 que puso fin al reinado de Isabel II. Estuvo vigente durante el reinado de Amadeo I y, tras la proclamación de la Primera República Española, en febrero de 1873, solo quedó en vigor el Título I, que proclamaba las libertades y derechos fundamentales. Más tarde fue restablecida tras el golpe de Pavía que dio paso a la dictadura de Serrano. La Constitución española de 1869 fue abolida definitivamente tras el pronunciamiento de Martínez Campos en diciembre de...

Las teorías de la pena se ocupan del cuestionamiento acerca de si la pena criminal puede ser justificada. Castigar estatalmente significa una carga considerable tanto para el autor que es sancionado como para la generalidad, los cuales deben asumir los costos. Su justificación requiere de una fundamentación cuidadosa que considere del mismo modo los intereses de las víctimas y de la generalidad, y que tenga en cuenta la necesidad de legitimación frente a los castigados.